El comunicado del legislador detalla que la propuesta beneficia a jóvenes relacionados con delitos contra la salud: consumidores acusados de narcomenudeo, personas “obligadas a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenazas derivadas del fenómeno de violencia” y sentenciados por robo simple sin violencia.
También beneficia a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron; a personas indígenas que “no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa”, y a presos políticos o de consciencia, “acusados por delitos inverosímiles”.
Se tenía previsto que la iniciativa fuera presentada como preferente por parte de López Obrador, el pasado 8 de septiembre, pero solo se hizo llegar al Congreso el paquete económico en aquella ocasión.
