La tarde del 10 de junio, en el cómputo de la elección de alcalde de Tijuana en el Distrito 11, representantes de partidos políticos –con excepción de Acción Nacional (PAN) – estallaron en acusaciones de fraude electoral y corrupción contra consejeros del Instituto Estatal Electoral (IEE) luego de que se descubriera la presunta captura de votos a espaldas de la mesa de trabajo, además de otras irregularidades que favorecían –según los contendientes– a Juan Manuel Gastélum y su partido.
Incluso, el presidente del consejo, Antonio Pérez García, fue acusado de albergar documentación en su oficina, cosa que prohíbe terminantemente el lineamiento para el desarrollo de los cómputos distritales y la propia Ley Electoral.
El consejo general del IEE tuvo que suspenderlo junto a tres de sus funcionarios: Juan Manuel Cabadas, Cleotilde Bayliss y Óscar Javier Navarro para instaurar una nueva mesa y continuar los trabajos que quedaron marcados por sendas anomalías en los procedimientos.
No obstante, el pasado 17 de noviembre, el mismo Consejo cesó la suspensión y los regresó a su trabajo; el titular del mismo, Javier Garay Sánchez expresó: “No se encontraron elementos de un actuar inadecuado, de acuerdo a las investigaciones que hizo el Instituto”; para terminar con el castigo a dichos funcionarios electorales, el presidente del IEE presumió que los tribunales electorales del Estado y la Federación terminaran respaldando el resultado, lo que terminó en la absolución de Pérez García y compañía.
Otro de los argumentos recae en que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) también investigó en el lugar de los supuestos crímenes electorales y determinó que no había responsabilidad de parte de dichos consejeros. Garay Sánchez, remató: “Yo no vi tal, yo no vi un actuar inadecuado”, y relacionó las disputas que el proceso electoral en Tijuana provocó con el apasionamiento y con la rareza del proceso –haciendo referencia a la presencia de los candidatos independientes y la gran cantidad de partidos que disputaron los cargos públicos–, por lo que desde su punto de vista “no debiera ser raro en nuestra democracia” que se calienten los ánimos, porque cada uno de los aspirantes considera que su opción es la mejor.
Para el IEE, quedó demostrado que los paquetes electorales –que contenían las boletas– no fueron trasladados ni manipulados de manera indebida, aunque las grabaciones, a las que la Ley Electoral obliga, no se hicieron tal y como marca la legislación. Por lo tanto, a Pérez, Cabadas, Bayliss y Navarro no solo les fue devuelto su empleo, sino que les fueron cubiertas “las percepciones que debieron recibir durante el tiempo que estuvieron suspendidos”.
