Lupita Jones denunció por lavado de dinero, peculado y concusión a Jaime Bonilla
TIJUANA, BC. A 03 DE MAYO 2021.- Por los probables delitos de lavado de dinero, concusión y peculado, la candidata a la gubernatura de la Colación Va X Baja California, Lupita Jones interpuso una denuncia contra el gobernador del Estado, Jaime Bonilla y otros servidores públicos.
En conferencia de prensa, la abanderada que estuvo acompañada del abogado Juan Marcos Gutiérrez, indicó que la denuncia se interpuso ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la Ciudad de México. Marcos Gutiérrez detalló que el mandatario estatal, la empresa Fisamex y los titulares de organismos operadores del agua, triangularon recursos obtenidos a partir de cobros irregulares hechos a empresas.
Explicó que el lavado de dinero se configura por las operaciones hechas por las empresas “ROMAFAM” que recibió 278 millones de pesos de “FISAMEX”, esta a nombre de Manuel García Soto. Detalló que luego del 28 de mayo del 2020, se creó la empresa SALHEC SA que recibió un pago de 63.8 millones de pesos, así como también la empresa FISCALES DEL AGUA SA, creada el 28 de septiembre recibió 162 millones de pesos, ésta última también a nombre de Manuel García Soto. El litigante comentó que la titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa, tendría que abrir una carpeta de investigación para revisar este asunto.
Por su parte, la senadora Gina Cruz, indicó que desde el Senado se le dará seguimiento a este tema, pues no es la primera vez que el gobierno del morenista, Jaime Bonilla, incurre en un acto de corrupción. Relató que el primer acto indebido, fue el tema de los “moches”, el cual no fue investigado, luego la ampliación del plazo de gobierno que revirtió la Suprema Corte.
“Ahora vemos que el gobierno estatal, extorsionó y acosó a los empresarios a través de cobros indebidos”, recalcó la senadora panista.
Héctor Osuna, coordinador de campaña de Lupita Jones, indicó que la denuncia se interpuso luego de que recibieron denuncias ciudadanas del esquema de triangulación de recursos por parte del mandatario y la empresa contratada por organismos operadores del agua.