Mientras Porfirio Muñoz Ledo propone la desaparición de poderes en Baja California, por la violación constitucional en que incurrió la legislatura local de esa entidad, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, fija una posición conciliadora y rechaza la ingerencia de la Federación en ese tema. Pero Muñoz Ledo propone además la inhabilitación del gobernador electo Jaime Bonilla y la repetición de las elecciones, que tendría que ser convocada por un gobernador interino nombrado por el propio congreso de esa entidad.
No es posible que por encima de la Constitución Política de la República el congreso de una entidad cualquiera pretenda modificar una de las decisiones políticas fundamentales, que data de 1824 y que se ha mantenido vigente hasta la actualidad. Martí Batres, presidente del Senado, se pronunció en términos similares a los de Muñoz Ledo, agregando que la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, de dos a cinco años, resultaría gravísima, pues sería equivalente a una ruptura con la Federación y el Pacto Federal.