Luego de una votación unánime, el único magistrado que se pronunció en contra de la acción, fue Reyes Rodríguez Mondragón al destacar que al haberse concretado la toma de protesta de Jaime Bonilla y la emisión de un bando solemne por un periodo de cinco años, y no por los dos para los que fue electo, destacó que por estas razones, el Tribunal debe pronunciarse al respecto.
“Para la solución de este cargo no se discute una norma en abstracto, sino que hay actos en concreto en los que se aplica y por tanto se actualiza nuestra competencia y es nuestra obligación de garantizar elecciones legítimas, legales y definitivas”, sentenció.
Recordó que el TEPJ tiene la obligación de garantizar elecciones legítimas, legales y definitivas, pues garantizan la certeza jurídica.
“El clara la Constitución Política al señalar que las reglas del juego que rigen los procesos electorales deben establecerse antes de la competencia electoral”, aseveró.
El pasado 1 de noviembre, Jaime Bonilla tomó protesta en medio de una gran polémica generada ante el cuestionamiento de la duración del periodo de su gubernatura frente al estado de Baja California.