Pide GIEI a gobierno incorporar a investigación las ‘otras informaciones’ del Caso Ayotzinapa | Documento
En su último día de trabajo en México, el GIEI se despide con mensaje pidiendo al Estado Mexicano que muestre las otras informaciones que mantiene reservada sobre la detención y traslado de normalistas en septiembre de 2014.
Tras señalar limitaciones y bloqueo del gobierno mexicano para acceder a información que lleve al esclarecimiento del Caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) emitió un mensaje de despedida donde pide mostrar información oculta, clasificar delitos por desaparición forzada y ejercer acciones contra perpetradores.
En su último día en México, los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain firmaron un mensaje denominado “Hoy es Todavía” donde relatan los sucesos que ocurrieron desde su llegada al país en marzo de 2015, como parte de una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la situación por la que se van hoy.
Aseguraron que durante su estancia no han realizado valoraciones políticas, ni opiniones personales, además de que las discusiones políticas del país no han condicionado su autonomía e independencia.
“(…) sino que ha proporcionado análisis en base a las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional. También ha trabajado para proporcionar confianza en la investigación y en las instituciones, una confianza que ha estado tan deteriorada en el país durante décadas.”, indicaron.
Por ello insistieron en que después de siete años de ocurridos los sucesos y tras su llegada en un segundo periodo, la documentación entregada no contribuye para el esclarecimiento del caso, además de que se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones a pesar de las pruebas existentes.
“Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes”, manifestaron.
Ambos expertos mencionaron que estas dificultades sucedieron a pesar de la apertura inicial que mostró el gobierno lopezobradorista y su disposición para abrir expedientes.
“Tras la petición del GIE respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina ISEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIE y la COVAL”, apuntaron.
Aunque hubo esta apertura, los problemas para avanzar fueron surgiendo conforme ocurría el hallazgo de datos, y se generó, incluso, dificultades para judicializar o realizar acciones contra posibles perpetradores, dijeron en el mensaje los integrantes del GIEI.
“El caso y los propios fiscales de la Unidad Especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad”, apuntaron.
Destacaron que dentro de los trabajos que realizaron, lograron que los avances de las investigaciones llevaran a la detención el ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros.
Sin embargo, una de las principales preocupaciones, es que a pesar de estas acciones, las acusaciones que se han realizado por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas.
Con lo que aseveran, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
A pesar de las imposibilidades, el GIEI consideró relevante el reconocimiento del gobierno mexicano respecto a que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, además del apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, y la creación en 2019, de una nueva fiscalía especial para el caso, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA), así como de la Comisión de la Verdad y Justicia para el caso (COVAJ).