La inversión podría llegar a crecer a 2,500 millones de pesos para el cierre del año
Tijuana, BC. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Tijuana, César Romero Sauceda, considera que Baja California vive una de sus peores crisis debido al recorte presupuestal para obras, que del 2015 a la proyección que se estima para el 2017 tiene una caída de 50 por ciento.
Precisó que todavía en el 2015 la inversión anunciada para la entidad rondaba los 5,000 millones de pesos; a principios del 2017 el anuncio fue de 800 millones, que para cerrar el año podría llegar a crecer a 2,500 millones.
Advirtió que actualmente las obras se han atrasado porque no hay nuevas licitaciones, los recursos del estado hacia los ayuntamientos no llegan, la inestabilidad de la moneda congela proyectos, Donald Trump genera incertidumbre, y hay un recorte de la Federación de hasta 50%, comparado con lo invertido hace dos años.
“Definitivamente para nosotros las APP son un modelo de inversión que funciona, es necesario que se transparenten y que la sociedad conozca exactamente la obra, el costo, lo que se va a pagar y el beneficio que se va a tener”, manifestó.
Romero Sauceda expuso que la inversión de particulares es una opción, ya que a pesar de que el gobierno federal disminuyó drásticamente, se ha visto un repunte de recursos privados en la zona metropolitana Tijuana-Tecate y Rosarito, que ha mantenido un equilibrio en el sector.
Asociaciones Público Privadas
Durante un encuentro con el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista, dijo que ante los recortes presupuestarios del gobierno federal, las asociaciones público privadas (APP) permiten a corto plazo crear obra que de otra manera tendría que posponerse hasta que se tuvieran los recursos de manera directa del gobierno.
Sin embargo, señaló que es necesario analizar y mejorar los procesos con transparencia para evitar que la selección no obedezca a ningún interés político o económico.
Derbez Bautista destacó que una APP es un acuerdo con un grupo privado para conseguir un método de financiamiento, desarrollo y, posteriormente, explotación de lo que debe ser un proyecto necesario para la ciudad.
De esa manera, agregó el exsecretario, brindan la posibilidad de generar un mayor volumen de inversión pública, particularmente en proyectos necesarios de infraestructura que permitan al estado ser más eficiente en términos de desarrollo de conectividad y procesos de crecimiento de infraestructura, lo anterior, a pesar de no contar con un préstamo directo del gobierno.
“Se debe transparentar claramente de qué manera se asigna el proyecto, cuáles son las condiciones de asignación y cuál es el costo real que va a tener para el sector público, ya que se necesita demostrar con claridad que el esquema de financiamiento es correcto, es decir, que no le está costando al estado, al sector público, más de lo que debería costar si tuviéramos un préstamo directo del estado”, subrayó.
