Aplican orden de restricción a 4 integrantes de Mexicali Resiste.
Con 16 votos a favor y 4 abstenciones la legislatura de Baja California aprobó una reforma al Código Penal del Estado que establece que destruir o dañar edificios públicos es una agravante del delito de daño en propiedad ajena y debe ser perseguido de oficio.
La reforma también impone como pena de 3 a 9 años de prisión y una multa de hasta mil días de salario a quienes afecten inmuebles de instituciones educativas y culturales, tanto públicas como privadas, parques y jardines, así como bienes del patrimonio cultural, incluyendo a los edificios públicos, como lo explicó la diputada Victoria Bentley promotora de la reforma.
El año pasado en repetidas ocasiones el edificio del Congreso del Estado fue dañado por grupos de manifestantes y se interpusieron denuncias penales. Algunos de esos manifestantes ya cuentan con órdenes de restricción y no pueden acercarse a la sede del poder legislativo en Mexicali.
Esta semana el Juez Gerardo Aceves impuso la medida cautelar en contra de María Elena Ferrer, Ramona de la Paz Castro, Jorge Benítez y Francisco Armando Contreras, los cuatro integrantes del movimiento Mexicali Resiste.
La Diputada Victoria Bentley declaró que todo ciudadano debe respetar los lugares, instituciones, y edificios públicos, ya que son propiedad de los bajacalifornianos.
