Gobierno federal pide a FGR más órdenes de captura contra militares acusados por el caso Ayotzinapa
Según el gobierno, la decisión de liberar a militares es para “favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército”.
El gobierno federal respaldó el reclamo de la Fiscalía General de la República (PGR) contra el Poder Judicial por la liberación de ocho militares acusados por desaparición en el caso Ayotzinapa.
Solicitarán a la FGR que, de ser procedente, se otorguen nuevas órdenes de aprehensión y se agoten todas las líneas de investigación.
Señala que el Poder Judicial “se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia”, además que no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición.
Acusan a jueces de liberar a 62 acusados que fueron torturados, pero que “no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás ’N’, actualmente prófugo en Israel”.
Según el gobierno, la decisión de liberar a militares es para “favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”.
la postura completa:
El Gobierno de México coincide y suscribe la postura y manifestaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) respecto a la decisión de la jueza segundo de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, así como de los magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, quienes ordenaron que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa llevaran su proceso en libertad.
No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso.
Una vez más el Poder Judicial se vale de pretextos procedimentales para dejar de lado la justicia. Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás “N”, actualmente prófugo en Israel.
También intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la fiscalía y otras dependencias del Gobierno de México.
Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército y, de esta manera, seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas.
El daño que se ha hecho es inconmensurable. Con estas decisiones el Poder Judicial mina los cimientos de la verdadera procuración de justicia.
