Una serie de numerosos hechos violentos ocurridos durante este fin de semana en el municipio pusieron de nueva cuenta en duda el actuar de las autoridades de todos los niveles, que por un considerable tiempo no han dado los resultados augurados, lamentó el miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, José Luis Pérez Canchola.
Expuso que, a pesar de los altos índices de violencia e inseguridad, tanto Tijuana como Baja California no han “tocado fondo” en este rubro, e incluso antes de ver mejoras, empeorará a causa de la complicidad política con las mafias, traducida en tráfico de dinero que va directo a sus campañas.
“Me atrevo a decir que algunos candidatos de algunos estados son de grupos criminales, es lo que criticábamos antes en Colombia…Pablo Escobar fue diputado federal, y era jefe de la mafia. Puede suceder”, declaró.
El problema se agrava, manifestó Pérez Canchola, cuando las aduanas no cumplen con su parte en el combate al tráfico de armas, y permiten una amplia entrada de estos objetos al estado, con las que se cometen más de la mitad de los crímenes.
“Hay una entrada ilegal de armas que corresponde a aduanas perseguir, no se ha hecho”, dijo.
Pese a ser competencia de la federación enfrentar la problemática anterior, puntualizó que la facultad de participar también es responsabilidad del estado y el municipio, sectores que a su parecer cuentan con un elevado presupuesto destinado al tema de seguridad, pero de poco uso y resultados desalentadores.
Parte de su declaración respecto al aumento de crímenes previos a vislumbrar una disminución, se debe a que muchos responsables de hechos ilícitos son liberados fácilmente, y vuelven a delinquir sin temor a una nueva detención, junto con mínimas condiciones de sobrevivencia en la sociedad, que promueven la delincuencia, principalmente entre los jóvenes.
Respecto a la opinión del exsecretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que recientemente aseguró que el tema de seguridad no se atendió en el estado porque fue “politizado”, opinó que se trató de un doble discurso, dado que él tenía conocimiento de los problemas de Baja California, y le correspondía a la federación competir en el combate al tráfico de armas.
“Yo creo que es un discurso que desvía el fondo de la responsabilidad cuando se dice que se politizó. Yo siento que no hay nada de eso”, sostuvo.
Por último, denunció que el 60% de los delitos relacionados con ejecuciones incluyen armas, y como el estado no es fabricante de ellas, provienen de aduanas y paqueterías, mismas que Fuerzas Armadas han denunciado en el pasado por estar involucradas en su transporte.
Información de Uniradio Informa.
