El gobierno del estado busca con el contrato de videovigilancia, tener en una red hasta 10 mil cámaras, de las cuales 5 mil serán compradas e instaladas, y las otras 5 mil se conectarán desde establecimientos y negocios del sector privado a la misma red.
Así lo explicó Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, quien además informó que el costo de los casi mil 200 millones de pesos, son con recursos propios.PUBLICIDAD
Donde la viabilidad financiera presentada por la secretaría de hacienda, permite pagar con ahorros y transferencias de recursos vía ingresos estatales.
Además se adquirirán lectores que se instalarán en todas las entradas y salidas de las principales ciudades del estado, así como la adquisición de brazaletes de seguridad para personas en situación de restricción de movilidad o detenidos.
Finalmente reiteró que el contrato, no compromete las participaciones federales, y acordaron saldar toda la red de seguridad, antes de terminar la administración en el año 2027.
“Queremos blindar a Baja California y la deuda no pasará a otra administración”; declaró, sobre el proyecto que se instalará a su totalidad a lo largo del sexenio.
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