No era la primera vez que intentaban amedrentarlo. El 29 de marzo de 2003 la Policía Judicial del Estado detuvo Isidro Baldenegro y a Hermenegildo Rivas, acusados de poseer marihuana y armas de uso exclusivo del ejército. La organización Amnistía Internacional los declaró entonces presos de conciencia. Permanecieron en prisión hasta junio de 2004, cuando fueron liberados por falta de pruebas.
En abril de 2005, recibió el Premio Goldman, el máximo galardón otorgado a defensores del medio ambiente y al recibir el premio, demandó al gobierno mexicano atender las demandas de los indígenas, en lugar de criminalizar y detener campesinos.
¿Lo escucharon? Hoy los árboles en la sierra, tienen un defensor menos. El movimiento ecologista del país tiene una lucha más que seguir, en memoria de Isidro.
Desde Greenpeace, lamentamos esta pérdida; lamentamos el vacío que deja en su familia, en sus amigos y en sus compañeros de lucha; lamentamos la violencia como forma de imponer los intereses de unos cuantos, y nos negamos a aceptar que la impunidad y la injusticia sean el sello final en este asesinato.
Los impartidores de justicia deben hacer su trabajo: encontrar a los responsables de la muerte de Isidro y aplicar la ley. Los responsables del cuidado y conservación del medio ambiente, deben hacer el suyo: salvaguardar los recursos naturales y no dejar nuevamente esta defensa en manos de hombres y mujeres valientes, pero solos y solas en su lucha contra la delincuencia organizada, los intereses corporativos y el poder.
Si persiste la tala indiscriminada de los bosques en la sierra Tarahumara, si el territorio queda en manos de intereses depredadores, los asesinos de Isidro Baldenegro habrán ganado. El gobierno mexicano, las autoridades ambientales, deben poner el ojo en esta zona, garantizar su conservación y evitar represalias.
Cabe mencionar que el defensor rarámuri perdió la vida el mismo día en que se anunció que los ejidatarios del pueblo rarámuri de Baqueachi recuperarían su territorio ancestral tras una sentencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número cinco, en la se reconoce a la comunidad como dueña legítima y verdadera del territorio y restituyen los derechos del pueblo rarámuri. En ese caso, el abogado defensor Ernesto Rábago Martínez también fue asesinado, y la abogada Estela Ángeles Mondragón ha recibido amenazas durante el largo proceso de litigio (1).
Los ojos de Isidro Baldenegro y de Ernesto Rábago se han cerrado. Greenpeace, a nombre de todos quienes trabajamos en favor del medio ambiente, agradece su lucha, reitera la indignación por sus asesinatos y exige justicia además de protección para la abogada Estela Ángeles Mondragón.
