Golpe a la militarización: frenan paso de la Guardia Nacional al Ejércitos
24 octubre, 2022
La jueza que revocó la transferencia pidió que el control lo conserve la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de transferir control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió un retroceso, luego de un fallo negativo por parte de una jueza para ceder el control de la institución a manos del Ejército y pidió que lo conserve la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)
La suspensión de una de las reformas clave de la administración obradorista, que fue avalada en el Poder Legislativo, se otorgó por la jueza novena de distrito, Karla María Macías Lovera al miembro de la organización de derechos humanos Uniendo Caminos México, Ángel Castro Gómez, después de la interposición de un amparo.
La representante del Poder Judicial indicó que la decisión se justifica de manera legítima, pues quien interpuso el recurso legal se trata del integrante de una organización a favor de los derechos humanos.
De acuerdo con la organización Uniendo Caminos México, la acción militar inhibe y atenta contra las libertades sociales, por lo que la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena podría contribuir a la violación de los derechos de la ciudadanía.
En este sentido, se han referido a que la tareas de seguridad pública corresponden a cuerpos civiles, es decir, no son responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, según se encuentra estipulado constitucionalmente.
“Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues solo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución”, indicó la jueza.
Aunque en un primer momento Presidencia y la Sedena intentaron que se diera marcha atrás con la decisión judicial, la jueza determinó que existen los elementos suficientes para evitar la trasferencia, según jurisprudencias otorgadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
